El ordenamiento jurídico opera intereses y actividades que se desenvuelven sobre el plano social, e interviene precisamente para valorar, calificar, tutelar, dirigir, limitar o impedir la realización de los intereses y la explicación de las actividades y de los relativos resultados, referidos a cada individuo o a entidades organizadas.

Lo que se aborda en el presente artículo, es el problema de la justicia laboral en el Perú y cómo a pesar de los intentos del Estado de otorgar una relativa solución, lo que se ha generado un colapso que incentiva a interponer demandas con cuantías exorbitantes, que perjudican al demandado, tanto en el proceso en sí, como en sus derechos ya que también es él sujeto pasible de justicia (aunque no parece).

Sufrimos a la fecha, una inflación de casi 8%, en este país latinoamericano, no es alarmante, o galopante como la del país llanero, pero si es un aumento sostenido y generalizado de los precios, estamos pasando a una etapa de depresión.
Empiezo por ahí, ya que mi reflexión en este texto es en buena tinta: ¿Qué es lo que nos impide ser o tener una sociedad con calidad?
Miremos hacia arriba, a los Estados Unidos de Norteamérica, o al costado, a las Europas, los balcánicos, o ingleses.

Hace unos días atrás, busqué en una lista de compañeros afines a la prestación de un servicio, a una persona que me recomendaran, para realizar una encomienda. En efecto, me dieron respuesta y coincidieron, en una persona, empero, cuando pregunté si cobraba lo justo: la respuesta fue contundente: “Cobra lo que tiene que cobrar. Lo “Justo” ya es cuestión de perspectiva”.

Cuando me planteé este problema, fue como consecuencia de una conversación con una letrada a la sazón de la calificación de las demandas y cuánto se ahorraría la administración de justicia al rechazar por improcedencia las que no cumplen con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales y así no darles trámite a fin de que mediante deducción de excepciones, improcedencias y nulidades futuras, por las causales prescritas en el CPC (Código Procesal Civil) ahorren la gran cantidad de procesos infructuosos que existen en el mundo judicial del Perú.